Tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas conceden ayudas por maternidad. La suma de ambas es bastante inferior a las ayudas que se conceden en el resto de los países de la Unión Europea, y no debería ser determinante a la hora de decidir tener un hijo el importe de los beneficios fiscales, pero vista la tasa de natalidad española y las perspectivas de la seguridad social, nunca estaría de más que el Gobierno incentivase en la medida de lo posible los nacimientos.

 El Gobierno Central ayuda fiscalmente a través de dos deducciones en el IRPF:

- Hijos menores de 3 años: Hasta 1.200 euros al año por cada hijo menor de tres años. El importe se acercará más a 1.200 euros en la medida en la que se cumpla durante más meses con el requisito. Esta deducción se puede aplicar en la declaración de la renta, aunque también se puede solicitar de forma anticipada o mediante transferencias mensuales de 100 euros al mes por hijo menor de tres años rellenando el modelo 140.

- Hijo nacido o adoptado: Con el requisito de que sea en terrirorio español, la ayuda es de 2.500 euros por cada hijo. El modelo a rellenar para solicitar la ayuda también es el 140.

Las Comunidades Autónomas por otra parte también disponen de ayudas independientes, aunque distintas en función de la Comunidad. En Madrid por ejemplo el cheque bebe supone una ayuda de 200 euros adicionales sobre los 2.500 estatales.

Más información en la web de la Agencia Tributaria.

Al final de cada ejercicio las empresas incrementan los salarios de los trabajadores automáticamente al IPC con el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo, pero si el IRPF no se actualiza de igual modo los contribuyentes pasan a tributar a un tipo superior en la tarifa del IRPF, lo mismo ocurre con las deducciones que pierden poder real de desgravación si no se actualizan.

Un estudio realizado para la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) analiza la falta de actualización del IRPF desde que comenzara a gobernar el PSOE. Desde 2004 los contribuyentes han tributado en concepto de IRPF casi 7.000 millones de más, lo que ha supuesto una subida fiscal individual de 355 euros.

Lo que ha llevado a esta situación es que la actualización del IRPF sea limitada, afectando únicamente a la tarifa (y parcialmente) y a los mínimos exentos del Impuesto. Además esa actualización se realiza aplicando el objetivo de inflación del BCE (el 2%) en lugar de con el IPC real o esperado, que ha sido del 3% en 2004, 3,4% en 2005, 3,5 % en 2006, 2,8% en 2007 o 4,1% en 2008.

Parece ridículo que las empresas independientemente de su tamaño actualicen los salarios al IPC y el Gobierno no actualice las bases y si las tarifas al objetivo de inflación del BCE, y lo peor de todo es que las previsiones son que el gobierno aplique incrementos impositivos debido a la menor recaudación debido a la crisis, después de haber hecho de la bajada de la presión fiscal una de sus banderas.

Más información en Expansión.

Los autónomos también salen beneficiados de las ayudas del Gobierno, ya que se han aprobado unas ayudas de entre 583 y 1.383 euros al mes con una duración de entre 2 y 6 meses en concepto de prestación por cese de actividad.

El sistema es de caracter mixto, entre voluntario y obligatorio, para poder acceder a la protección los autónomos deberán tener protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los plazos de la ayuda dependerán de los periodos de cotización efectuados en los 36 meses anteriores a la situación legal de cese de la actividad, de los que al menos 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese. Este periodo podrá ser ampliable a 9 meses para los mayores de 60 años.

El importe de la ayuda será del 70% de la base por la que venía cotizando el autónomo en los 12 meses anteriores con los límites de 583,38 euros y 1.338,9 euros.

Al no existir gasto en prestación durante el primer año, el tipo de cotización que se aplicará a los trabajadores autónomos será del 1,5% de la base con una reducción del 0,5% en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal.

El tipo de cotización será establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de financiar el sistema de protección de trabajadores autónomos que cesen involuntariamente su actividad.

Más información en Cinco Días.

La caida de las ventas de motocicletas y ciclomotores ha llevado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a establecer un nuevo marco de ayudas, dentro del conjunto de ayudas incluidas en el Plan E, para el sector, para modernizar el parque de vehículos, estimular la demanda y mantener el empleo. 

Los particulares, autónomos y PYMES que quieran adquirir un ciclomotor o motocicleta por un importe no superior a 9.500 euros, IVA incluido e impuestos de matriculación excluidos, podrán acogerse al Plan Moto-E.

Como en el Plan 2000E deberá darse de baja otro vehículo de al menos 5 años hasta 250 c.c. de al menos 7 años para más de 250 c.c., en cuanto al resto de requisitos:

- Potencia máxima de 74KW (100 CV).

- Relación potencia/peso inferior a 0,66.

- Que los fabricantes asuman parte de la subvención.

Los importes de las ayudas serán los siguientes dependiendo del tipo de vehículo:

- Ciclomotores: Recibirán 225 de los que 75 corresponderán al gobierno y el resto al fabricante.

- Motos de hasta 250 c.c.: La ayuda será de 525 euros de los que 175 corresponderán al Gobierno.

- Motos de más de 250 c.c.: Se beneficiarán de una ayuda de 750 euros de los que 250 corresponderán al ejecutivo.

El Plan Moto-E tiene una dotación de 9 millones de euros, y su aplicación se prolongará hasta el 30 de junio de 2010 o hasta agotarse los fondos.

Más información en MYTYC.

El Gobierno va a presentar esta medida en los próximos días, esta ayuda, también conocida como “cheque de empleo” consiste en un pacto por el que la empresa se ahorra las cuotas sociales en la misma cuantía de la prestación por desempleo a la que tenga derecho el parado, sin que la medida afecte al seguro de paro.

Esta medida es fruto del esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno en vista de las ya abrumadoras cifras de paro y las aún peores perspectivas para los próximos meses, y en esta misma línea el Gobierno también se está planteando abaratar el despido con nuevos contratos sean de 20 días por año trabajado al igual que se ha hecho en otros países de la Unión Europea y en línea con las peticiones de autónomos y empresarios.

Volviendo a las cuotas que dejarán de pagar los empresarios el sistema puede aclararse con el siguiente ejemplo, un trabajador ha generado 12.000 euros de paro, unos 2 años de derecho a la prestación por desempleo, quien contrate a ese trabajador podrá desgravarse las cuotas sociales en hasta 12.000 euros, como condición el empleador deberá mantener al desempleado durante un plazo superior a la exención aún no fijado, y el trabajador comenzará a generar derecho de prestación por desempleo desde su primer año de trabajo.

¿Como impacta esta medida en cada protagonista?

- Empresario: Se desgrava las cuotas, aunque tendrá que comprometerse a mantener en plantilla durante un tiempo superior a la exención, aunque entendiendo que podrán existir causas justificadas para su despido, por lo que el balance es claramente positivo.

- Parado: En el caso del ejemplo perdería 2 años de prestación por desempleo, pero como la empresa se compromete a mantenerlo en plantilla por un tiempo superior, en el plazo que se habría agotado su prestación ganaría un sueldo, que además debería prolongarse durante un periodo adicional aún por determinar y si al finalizar el periodo adicional la empresa decide despedirle habría generado (en el caso del ejemplo) otros 6 meses- un año de paro, por lo que el balance es claramente positivo.

- Gobierno: Está medida debería reducir las listas del INEM, las personas que consigan salir del paro no generaran ingresos vía cuotas sociales pero al no tener que pagarles la prestación el efecto sería neutro, y lo razonable sería pensar que un porcentaje elevado de las personas que consigan empleo por esta vía lo mantendrán unos cuantos años más.

Ante la inestabilidad y la incertidumbre que despierta el sector financiero surge una opción que cayó en desuso por su “baja” rentabilidad debido a la sofisticación del mercado financiero y la posibilidad de obtener mayores rentabilidades con otros productos. Estamos hablando de las letras del tesoro, activos de renta fija a corto plazo respaldados por el Estado.

La inversión mínima son 1.000 €, las inversiones superiores al mínimo deben ser a su vez múltiplos de 1.000 € y pueden negociarse tanto en el mercado primario, a plazos de 6, 12 o 18 meses, como en el secundario. Para plazos superiores los productos ofrecidos por el tesoro son los Bonos y Obligaciones del Estado.

Las letras del tesoro se pueden adquirir en las sucursales del Banco de España, en la página web del Tesoro Público o mediante entidad bancaria (en este caso incluiría comisiones).

La rentabilidad varía en función del plazo de la inversión, en la última subasta (la periodicidad en mensual) las rentabilidades fueron:

- Letra a 3 meses: 2,55 %

- Letra a 6 meses: 1,135 %

- Letra a 12 meses: 1,248 %

Se puede invertir a más corto plazo a través de REPOS.

A través de los fondos de inversión fondtesoro se puede invertir en este tipo de activos diversificando con el resto de valores del tesoro y con otras opciones de inversión.

A todo esto hay que añadir que la emisión de los valores se realiza con descuento y que tributan al 18% sin retención a cuenta sobre su rendimiento.

Opinión

La rentabilidad no es muy alta pero nada despreciable en los tiempos que corren, en los que además se busca cierta seguridad en las inversiones, y si quiebra el estado de la octava potencia económica mundial, lo de menos será donde tengamos nuestras inversiones, además la agilidad que proporciona el mercado secundario (las variaciones en precio son muy reducidas) libera al inversor de los plazos de otro tipo de inversiones.