La Unión Europea aprueba una directiva por la que los empresarios que contraten inmigrantes en situación irregular deberán, además de cumplir con una serie de multas y penas mínimas, pagar la repatriación de sus empleados sin papeles.

Además de los costes de repatriación los empresarios están obligados a abonar el dinero pendiente por el trabajo realizado, a solicitar su permiso de residencia y a conservar el mismo durante el periodo que trabajen para ellos. E incluso va más allá extendiendo la responsabilidad a quienes subcontraten, siendo considerados responsables solidarios o subsidiarios.

El texto anima al mismo tiempo a los Estados a incrementar las inspecciones laborales y a establecer sanciones penales para los “casos graves”, como infracciones reiteradas, número elevado de inmigrantes empleados en situación ilegal, condiciones laborales especialmente abusivas, empleo de menores y conocimiento por parte del empresario de que el trabajador es víctima de la trata de seres humanos.

Un duro golpe contra la economía sumergida y el empleo ilegal, defendiendo los derechos humanos combatiendo la explotación de los inmigrantes al mismo tiempo que actúa contra la raíz de la inmigración clandestina,  y una buena noticia para los contribuyentes, quienes hasta ahora asumían el gasto de repatriación a través de los Presupuestos Generales del Estado.