La VPO, Vivienda de Protección Oficial, también conocida como Vivieda de Protección Pública o Vivienda Protegida es una clase de vivienda que disfruta de subvenciones públicas para fomentar el acceso a una vivienda digna en unas condiciones accesibles a quienes tienen las rentas más bajas.

Para que una vivienda se pueda clasificar como VPO se han de cumplir una serie de requisitos tanto del propio inmueble (tamaño y precio) como del comprador (ingresos, empadronamiento, etc) y cuando la demanda supera la oferta se recurre a sorteos y listas de espera.

No existe un régimen uniforme, ya que las condiciones dependen en muchos casos de las Comunidades Autónomas, pero si que existe un régimen general para los Planes de Vivienda del Estado:

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 establece que para poder ser beneficiarios de este tipo de protección la unidad familiar no podrá tener unos ingresos superiores a 2,5 veces el IPREM, buscándose además que la cuantía destinada a la compra de la vivienda no supere un tercio de sus ingresos, es decir, 0,83 veces el IPREM.

El IPREM en 2009 es de 6.988 euros, por lo que 2,5 veces asciende a 17.472 euros, cuya tercera parte (0,83 veces el IPREM) serían 5.824 euros, lo que mensualmente arroja un límite de 485 euros que se podrían destinar al pago de las cuotas de la hipoteca de una VPO. Para poder ser beneficiario de una VPO, teniendo en cuenta que la financiación debería ser cercana a euribor más 0,65 (según convenios con las entidades de crédito), con una hipoteca a 25 años podríamos tener acceso a una vivienda de 80.000 euros.

Uno de los mayores problemas para acceder a una VPO sigue siendo el crédito a pesar de que un tercio de los ingresos en cuota debería de poder ser aval suficiente, por ello el ICO ha lanzado una línea de garantías para avalar hasta el 50% del importe de los préstamos para VPO.